PBI Honduras: Preocupación por la situación de indefensión del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz- Honduras

 

 

 

December 10, 2014 at 3:29pm

                                                                    10 de diciembre de 2014 

En el día Internacional de los Derechos Humanos PBI Honduras insta a la comunidad internacional a velar por la situación de seguridad del campesinado y los pueblos indígenas en el municipio de Santa Elena, departamento de La Paz, Honduras

 

Reciba un cordial saludo de Brigadas Internacionales de Paz (PBI). La intención de este documento es llamar su atención en cuanto a la situación de inseguridad en la que se encuentran las comunidades que integran el Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz- Honduras (MILPAH) en el contexto de construcción de proyectos hidroeléctricos en su territorio. El Centro Hondureño de Promoción al Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), que PBI acompaña desde mayo de 2014, brinda asesoría a MILPAH en el litigio de casos en los que se han identificado impactos negativos en relación al derecho al agua, a la tierra y al territorio. PBI observa en este caso patrones de ataque que se replican en otras regiones del país y,han derivado en una fuerte conflictividad territorial.En estos contextos, PBI considera necesario asumir acciones preventivas y de alerta temprana destinadas a garantizar el el respeto,la promoción y la realización del derecho internacional de los derechos humanos.

 

Antecedentes

En medio de la crisis institucional derivada del golpe de estado, el Congreso Nacional aprobó la Ley General de Aguas1que posibilita la concesión a terceros de los recursos hídricos del país. En virtud a ésta, en octubre de 2011seaprobó la concesión de 47 licitaciones sin previa consulta a las comunidades afectadas, lo que provocó el rechazo de amplios sectores en las zonas afectadas2.

 

Desde su primera visita al país en mayo de 2011, PBI ha observado un incremento de la violencia en el contexto de la implementación de proyectos de explotación de recursos naturales, particularmente hacia personas defensoras de derechos humanos y líderes comunitarios. A la par de estas agresiones se ha denunciado también la tendencia a la criminalización de este colectivo. Estos procesos se enmarcan en un contexto de debilidad institucional del poder judicial por la inexistencia de garantías firmes de independencia y autonomía delos operadores de justicia.

 

Contexto

 

La Paz es, junto con Lempira, Intibucá y el sur de Santa Bárbara, uno de los departamentos donde se ubica el pueblo lenca. Estos territorios se caracterizan por la existencia de altos índices de malnutrición debido a un limitado acceso a los recursos naturales por parte de las comunidades. En el caso del río Chinacla, que atraviesa La Paz e Intibucá y abastece de agua alas comunidades asentadas en siete municipios, se han aprobado dos concesiones para la construcción de proyectos hidroeléctricos:Aurora S.A, en el municipio de San José, y Los Encinos S.A, en el municipio de Santa Elena. Esto ha derivado en fuertes tensiones entre las comunidades y las autoridades de la zona.

 

 

Un mal precedente: En San José, la hidroeléctrica ha afectado a cinco municipios de La Paz, donde tierras de naturaleza privada y declaradas protegidas por ser fuentes abastecedores de agua para varios municipios fueron concedidas fraudulentamente a empresarios3. La sociedad civil solicitó a la autoridad municipal la realización de una consulta de acuerdo al convenio 169, pero la instalación de la empresa se llevó a cabo sin la realización de ésta. En 2011 miembros de las comunidades afectadas pusieron las correspondientes denuncias ante la Fiscalía de las Etnias y la de Anticorrupción por faltas procedimentales en relación a la puesta en marcha del proyecto. CEHPRODEC da seguimiento a estas denuncias que siguen sin resolución hasta la fecha.


En el caso de Santa Elena, el proyecto se instalará en tierras de naturaleza jurídica nacional4ocupadas desde hace más de cinco años por pueblos indígenas lencas. Los consejos indígenas realizaron una acción de recuperación de tierras según lo establecido en la Ley de Reforma Agraria. Se oponen al proyecto Los Encinos S.A por no haber sido ni informados ni consultados acerca de éste. Expresan en particular serias preocupaciones sobre afectaciones al derecho a la alimentación, al acceso al agua, así como también sobre el hostigamiento y criminalización de la que son objeto miembros delas comunidades y sus familias. Además, denuncian un incremento dela violencia y conflictividad social en las comunidades afectadas.

 

Falta de información fidedigna sobre la concesión del río y los territorios aledaños

 

La población localizada en el área del proyecto ha solicitado en múltiples ocasiones información detallada a la Secretaria de Recursos Naturales pero, según ha compartido CEHPRODEC con PBI, los datos proporcionados han sido incompletos e incongruentes. En unprimer momento no constaba una concesión en el municipio de SantaElena pero sí en el de San Marcos de la Sierra, en el departamento de Intibucá. El 18 de octubre de 2013, sin dar explicaciones a las comunidades, el que era entonces alcalde de Santa Elena, Alexis Ventura Vásquez, otorgó el permiso para realizar un estudio de factibilidad a la empresa “Inversiones los Encinos Sociedad Anónima de capital variable". Según las actas de la corporación municipal de Santa Elena el administrador único de la empresa es el Sr. Arnold Castro, esposo de Gladys Aurora López, actual diputada del Partido Nacional y vice presidenta del Congreso5.De acuerdo a la legislación hondureña el funcionariado público no puede realizar negocios con el Estado, así como tampoco sus familiares.6

 

Afectaciones al proceso de consulta según lo establecido en el convenio 169 OIT

 

En respuesta a la decisión del alcalde en cuanto al estudio de factibilidad, en noviembre de 2013 el MILPAH y otras organizaciones realizaron un plantón pacífico con el objetivo de impedir la entrada de la maquinaria para la construcción de la hidroeléctrica.El plantón se mantuvo hasta enero de 2014, momento en el que el nuevo alcalde electo, Santos Víctor Ventura, se compromete a realizar un cabildo abierto según lo establecido por la Ley Municipal.

 

El 6 de octubre de 2014 PBI estuvo presente en el cabildo convocado por la corporación municipal de Santa Elena, durante el cual se observaron hechos intimidantes, según algunos de los presentes, y que no se corresponden con los estándares internacionales arriba mencionados. Fueron los siguientes: i)presencia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas acompañando a la corporación municipal y tomando fotos de los opositores a la hidroeléctrica; ii) presencia de representantes dela empresa; iii) espacio de realización pequeño, con cabida solo para 400 personas cuando, según el vicepresidente de MILPAH Martín Gómez Vázquez, la represa desplazaría de manera directa alrededor de 120 familias y más de 700 personas7;iv) durante la consulta Gómez Vázquez tomó la palabra y al expresar la ilegalidad del cabildo le fue retirado el audio y,posteriormente, arrebatado el micrófono por un policía.

 

En el acta del cabildo se aprobó el permiso a favor de la empresa para realizar el estudio de factibilidad. Miembros de MILPAH, con la asesoría legal de CEHPRODEC, solicitaron la certificación del punto del acta de dicho cabildo.Ésta les fue entregada varias semanas más tarde y en ella no se especifica ni nombres ni identificación de las personas que votaron a favor o en contra, solo se menciona que toda la población estuvo de acuerdo. CEHPRODEC ha solicitado un acta detallada para presentar el recurso de impugnación dela consulta,al no respetar éste los estándares mínimos establecidos por el convenio 169 de la OIT.

 

Incremento de la violencia vinculado a la implementación de este proyecto

 

Según información de MILPAH y CEHPRODEC, desde noviembre de 2013 se han reportado varios incidentes graves de seguridad a miembros de las comunidades. Martín Gómez Vázquez, Félix de Benítez, Pedro Amaya, Calixto Vázquez, Juan Bautista y Julio González han sido objeto de amenazas de muerte por parte de partidarios de la hidroeléctrica, tratando de disuadirlos de su oposición a ésta. Ha habido también vigilancia alrededor de sus casas. CEHPRODEC afirma que la división del tejido comunitario es parte de la estrategia dela empresa para desmovilizar a las comunidades que se oponen a la instalación del proyecto. Además, se han producido varios intentos de desalojo de las comunidades. El más reciente tuvo lugar el 3 de septiembre de 2014, cuando policías y civiles armados se presentaron al predio ocupado por el Consejo Indígena de Santiago Apóstol y,según el testimonio de los comunitarios, hicieron varios disparos para amedrentarlos, les quemaron sus pertenencias, destruyeron sus cultivos, robaron sus aperos de labranza, etc. Todo esto sin una orden judicial y sin que hubiese una autoridad judicial presente8.La información recibida por Pbi de la Policia Nacional Marcala contradice esta versión de lo sucedido.9

 

Uso de la criminalización para frenar movimientos comunitarios contrarios a la hidroeléctrica

 

MILPAH ha denunciado públicamente la difamación y judicialización de la cual son víctimas sus integrantes. La municipalidad, con ayuda dela Policía Nacional, ha iniciado un proceso de levantamiento de perfiles a fin de armar un expediente para acusar a algunos de ellos de sedición y traición a la patria10.Estos delitos no admiten generalmente medidas sustitutivas a la prisión, por lo que serían encarcelados durante todo el proceso. En esta misma línea, el 3 de noviembre de 2014, en ocasión de una marcha pacífica, fue detenido arbitrariamente el defensor de derechos indígenas Calixto Vásquez. Tras su detención fue llevado a la comisaría de Marcala y liberado el mismo día sin cargos11.Martín Gómez Vázquez reporta que ese día había una fuerte militarización de la municipalidad y sus alrededores, lo mismo que ocurre en los territorios donde la empresa ha comenzado a trabajar12.

 

Ante esta situación PBI solicita a la comunidad internacional:

 

§  Instar al Estado hondureño a cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, especialmente en todo lo referido al derecho de los pueblos indígenas en el Convenio 169 de la OIT.

§  Instar al Estado hondureño a tener en consideración los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y a velar por su efectiva aplicación y cumplimiento.

§  Asegurar que los esfuerzos de la cooperación internacional se dirijan a fortalecer el ejercicio y protección de los derechos humanos, así como la prevención y resolución no violenta de los conflictos.

§  Tomar medidas positivas que reconozcan la labor que realizan las personas defensoras y les permitan ejercer su cometido con seguridad y libertad, como las especificadas en las Directrices de la Unión Europea para Personas Defensoras. Algunas de estas medidas son: visitas a las comunidades afectadas y organización de mesas de diálogo con los actores implicados: autoridades, empresas, personas defensoras, comunidades y cuerpo diplomático.


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1 Ley de Aguas (Decreto 181-2009)

2 PBI Honduras, "La Defensa de los Derechos Humanos: Una actividad de alto riesgo" Visita in situ del Comité Exploratorio de Proyecto de PBI, del 23 de septiembre al 7 de octubre 2012.

3 Asociación Nacional de Fomento a la Agricultura Ecológica (ANAFAE), "Violaciones de Derechos Humanos en Proyectos Extractivistas en Honduras", al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 19° sesión Grupo de Trabajo EPU, 2015.

4 En Honduras la tierra puede ser de naturaleza nacional, ejidal o privada. Esto está recogido en la Constitución de la República Honduras de 1982. Según la Ley de Reforma Agraria las tierras de naturaleza nacional pueden ser adjudicadas a grupos campesinos e indígenas siempre que se acredite la ociosidad.

5 Alcaldía municipal de Santa Elena, Certificación de punto de acta del 18 de octubre de 2013.

6 Ley General de Minería Capítulo IV, artículo 75 incisos a,b,c,d y e.

7 “Indígenas de La Paz defienden sus bienes naturales y cultura en medio de amenazas”, Radio Progreso y ERIC, 7 de noviembre de 2014

8 Denuncia de FELIPE BENITEZ VASQUEZ, con identidad número 1216-1970-00064 puesta ante la Fiscalía de Marcala el 5 de septiembre de 2014.

9 Informe policial del 5 de septiembre del 2014, realizado en Marcala, La Paz,por SANTOS DAMIAN GALINDO ZUNIGA, Jefe municipal. D.N.I.C. Márcala, La Paz AHORA EX JEFE, dirigido al Sub-Comisionado de Policía Don: Ramón Martínez Hernández. Jefe Departamental Jefatura No. 12, La Paz.

10 Ibid 7

11 “Honduras - Detención temporal, y posterior liberación, del defensor de derechos humanos Sr Calixto Vásquez”, Frontline Defenders, 6 de noviembre de 2014

12 “Ibid 7